El presidente Javier Milei anunció una baja escalonada en los derechos de exportación para el trigo, la cebada y la soja extendida hasta el año 2028, junto a una exención temporal de retenciones para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinarias. Las medidas impositivas buscan recortar el peso del aparato estatal sobre los privados, aunque el beneficio mayoritario quedó atado a una condición estrictamente política: la reelección del actual mandatario.
Durante el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el jefe de Estado detalló que la alícuota de retenciones para el trigo y la cebada recortará su valor del 7.5% al 5.5% a partir de junio de este año. La flexibilización para el complejo sojero recién iniciará en enero de 2027, período donde la Casa Rosada planea reducir entre un cuarto de punto y medio punto porcentual por mes de manera continuada hasta el año 2028, siempre y cuando el oficialismo logre imponerse en los próximos comicios presidenciales.
En el sector fabril, el Gobierno aplicará un esquema de retenciones cero que funcionará desde july 2026 hasta junio 2027. Esta medida beneficiará directamente a la industria automotriz, la industria petroquímica y el sector de maquinarias durante un plazo cerrado de doce meses. Frente al auditorio empresarial, el mandatario fundamentó la decisión en la necesidad de achicar los gastos de la administración pública para reintegrar los recursos económicos a los circuitos privados de producción.
El discurso oficial subió de tono al abordar el origen de los recursos y la legitimidad del sistema impositivo. El presidente Javier Milei reiteró que los tributos constituyen un robo que nadie abona por voluntad propia, por lo que justificó el desguace estatal como la única vía para propiciar la baja de impuestos. Para el Ejecutivo, este proceso demanda la vigencia irrestricta del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, dos variables que el oficialismo defiende como pilares inamovibles de su gestión financiera.
La narrativa de la Casa Rosada incluyó duras denuncias contra los bloques opositores en el Congreso, a los que acusó de ejecutar un intento de golpe de Estado articulado durante el año pasado. Según el balance presidencial, la oposición impulsó 40 leyes destinadas a quebrar el superávit cuando la actividad avanzaba a un ritmo del 7% mensual y la inflación caía a una tasa del 1,5% mensual. Esa maniobra legislativa habría provocado una dolarización preventiva del 50% de los pesos en circulación.
La vulnerabilidad del esquema cambiario durante esa corrida financiera fue estimada por el Ejecutivo en un impacto global de 70.000 millones de dólares. El mandatario elogió el diseño financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, para sostener el modelo cambiario frente al ataque. El balance oficial contrapuso esos indicadores con un crecimiento del 5,5% interanual y un 3,5% desestacionalizado en la actividad, cifra que la administración pública exhibe como el máximo histórico de la variable.
El tablero de datos macroeconómicos del Gobierno incorporó un incremento del 33% en el volumen de las exportaciones, consolidando un nuevo récord para el sector externo. El Ejecutivo utilizó estas cifras para responder a las críticas sobre el impacto social de su programa productivo, asegurando que el fuerte ajuste fiscal redujo la pobreza a la mitad y retiró de esa condición social a 14 millones de argentinos.
En el plano legislativo, el oficialismo celebró las victorias obtenidas en la Cámara de Diputados, donde las fuerzas aliadas se impusieron en 13 votaciones consecutivas contra las bancadas de la oposición. El mandatario calificó el desempeño de sus funcionarios con metáforas musicales y ratificó la meta de eliminar la inflación como paso previo a una transformación general de la riqueza. Respecto a las políticas históricas sobre el sector agropecuario, el jefe de Estado catalogó como una expoliación sistemática el uso de recursos del campo para el sostenimiento del empleo público y las estructuras partidarias. (Agencia OPI Santa Cruz)
